Clientelismo político y conservación de carreteras

El Diccionario de la Real Academia Española define el término “clientelismo” como el “sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios”. Esta definición supone admitir implícitamente que quienes no se sometan o quienes no presten servicios a los poderosos se verán excluidos, por tanto, de su protección y de su amparo. Es evidente, en consecuencia, la discriminación que el clientelismo lleva aparejada por partida doble.

Cuando se hace referencia al clientelismo hay que pensar inmediatamente en el clientelismo político, que se da tanto en todos los regímenes autoritarios como también en las democracias menos avanzadas. Además del clientelismo brutal de la época franquista, en la España del último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, admitiendo que el de la Restauración fuese un régimen democrático, el clientelismo político floreció en una de sus formas más primitivas: el caciquismo. En cambio, en la España de principios del siglo XXI, con un régimen democrático incluso muy avanzado en algunos aspectos, el clientelismo político existente tiene su origen en la forma de funcionamiento de los partidos políticos, muy alejada de los principios democráticos por diversas razones, entre las que, de entrada, se pueden destacar dos: el control que las cúpulas dirigentes de los partidos ejercen sobre todos los poderes del Estado, incluido el judicial, y el que todos los cargos electos se deban no a sus electores, sino a esas cúpulas dirigentes, que son las que los han colocado, y pueden dejar de hacerlo, en unas listas electorales cerradas y bloqueadas.

En el funcionamiento de las administraciones públicas el clientelismo político de quienes han sido elegidos o designados para conducirlas se manifiesta en una defensa más o menos descarada de intereses particulares frente a los generales y en el reparto arbitrario de los presupuestos disponibles. Los ejemplos no faltan cuando nos fijamos en lo que ha sucedido en las últimas dos décadas en materias como el urbanismo, la protección de las costas, el desarrollo de infraestructuras de transporte, la protección de determinados sectores productivos frente a la absoluta desprotección de otros, etc.

Desgraciadamente, las carreteras no han constituido una excepción. Así, son fruto del clientelismo político, aunque a menudo no solo de él, las autovías con reducidas intensidades de tráfico, los trazados de carreteras que se han construido a pesar de no haber superado la preceptiva declaración de impacto ambiental, los nuevos itinerarios cuyo desarrollo se lleva a cabo de manera discontinua tanto en el espacio como en el tiempo, etc. Cuando los presupuestos no se manejan de manera transparente o cuando no se utilizan herramientas de gestión que garanticen el máximo beneficio para el conjunto de los ciudadanos se está abriendo un espacio para que las decisiones respondan al clientelismo político.

El clientelismo político ha venido condicionando el desarrollo viario en todos los niveles de las administraciones españolas. Sin embargo, donde quizás resulta más evidente, si cabe, es en el ámbito local, el de las diputaciones provinciales: se ven favorecidas las provincias cuyo gobierno es del mismo partido que el de la correspondiente comunidad autónoma y, sobre todo, se ven favorecidos los ayuntamientos gobernados por alcaldes del mismo grupo que el que domina la diputación provincial. Y junto a las poblaciones injustamente favorecidas están, lógicamente, las desfavorecidas de manera igualmente injusta. Se quiebra así, a veces de manera escandalosa, el principio de que todos los ciudadanos son iguales, independientemente de donde vivan, lo cual, dicho sea de paso, no significa en absoluto todos los ciudadanos hayan de tener a su inmediata disposición idénticas infraestructuras, sino que la asignación de éstas responde exclusivamente a criterios de eficiencia y de defensa del interés general.

Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que la concentración o la dispersión de la población condiciona la dotación de infraestructuras, como también se ve condicionada por la orografía o por el clima. Las carreteras, afortunadamente, permiten en todo el territorio español un acceso al sistema de transporte. Esas carreteras habrán de tener en cada caso unas características acordes con la demanda y con las condiciones orográficas y climáticas. Pero en todos los casos, sin excepción, el estado de esas carreteras debería ser suficientemente bueno como para que los ciudadanos pudieran disfrutar de la funcionalidad completa derivada de su trazado. Dicho de otra manera: una carretera tendrá una calzada más o menos ancha, su trazado en planta será más o menos sinuoso y en el perfil longitudinal nos encontraremos rasantes con inclinaciones mayores o menores; pero en todos los casos el pavimento y la señalización se deben encontrar en un estado suficientemente bueno como para poder circular con seguridad y comodidad a la velocidad de proyecto, es decir, a la velocidad determinada por la geometría.

Para quien se dedica a la ingeniería de carreteras las anteriores reflexiones son casi una obviedad. No parece tampoco que sean difíciles de compartir por los ciudadanos. Sin embargo, la realidad española es muy otra por culpa, en gran medida, del clientelismo político. Por un lado, como ya se ha indicado, se han construido costosísimas infraestructuras de transporte sin tener en cuenta su demanda real o sin valorar las condiciones derivadas de la orografía y del clima. Pero, por otro lado, nos encontramos con carreteras, especialmente en el ámbito local, en las cuales el estado del pavimento y de la señalización es sencillamente inadmisible por no haber dedicado los mínimos recursos necesarios en el momento oportuno. Y eso ha sido así a menudo, hay que insistir en ello, porque se han aplicado criterios exclusivamente clientelares en la aplicación de los presupuestos disponibles.

No se trata con este análisis, en absoluto, de defender un funcionamiento tecnocrático de las instituciones. La tecnocracia, por la que hay una cierta querencia en el ámbito de la ingeniería, es contraria a la democracia y, por ello, rechazable. Se trata, simplemente, de que los decisores políticos, a los que los ciudadanos les han encomendado la dirección de los asuntos públicos, adopten en todo momento unas decisiones que estén correctamente fundamentadas en criterios técnicos y económicos, sin excluir los criterios estrictamente políticos, pero siempre teniendo como principio la defensa del interés general. Por supuesto, los decisores políticos tienen que rendir cuentas de sus decisiones, no solo a los órganos de control establecidos, sino también al conjunto de los ciudadanos, de manera que la gestión resulte transparente.

En ocasiones los decisores políticos han justificado sus decisiones, aparentemente arbitrarias, en los informes elaborados por técnicos, a menudo funcionarios de carrera. Desgraciadamente esto ha sido así porque esos funcionarios no han sido capaces de resistir las presiones a las que han sido sometidos por esos decisores y han optado, en última instancia, por acomodarse, olvidando su obligación de defensa del interés general, que no está en contradicción con el principio de jerarquía en el funcionamiento de las administraciones públicas. Dicho de otra manera: los decisores políticos son quienes han de adoptar las decisiones, que a veces pueden estar en aparente contradicción con los informes técnicos, pero lo que no es admisible es que los funcionarios se presten a redactar informes contrarios a su propio criterio técnico solo por satisfacer a los decisores o por salvaguardar su situación personal (algo entendible, pero inasumible).

Para concluir, debe tenerse claro que la mejora del estado de los pavimentos y de la señalización depende, cómo no, de las disponibilidades presupuestarias. Pero las cantidades disponibles son, a la postre, un dato de partida más; la subsanación de situaciones inadmisibles requiere ante todo una gestión no sometida al clientelismo político, que conduzca por tanto a decisiones que estén regidas exclusivamente por la defensa del interés general, independientemente del grupo político que gobierne en una diputación provincial o en un ayuntamiento.