Ética y conservación de carreteras

En el segundo trimestre de 2011 apareció el primer número de la revista “Asfalto y Pavimentación”. Su editorial llevaba por título “La necesidad de un compromiso ético para superar el déficit estructural en la conservación de los firmes”. Se reproducen a continuación dos de sus párrafos, a cuya redacción contribuí en mi calidad de miembro del Comité de redacción de la revista.

“[…] Estamos ante una situación rechazable no solamente desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista moral. La culpa de lo que ocurre no es tanto de la recesión económica actual, sino sobre todo de que los decisores políticos y los gestores públicos han obviado el compromiso ético con los ciudadanos, a los cuales se está trasladando una especie de impuesto adicional encubierto y a quienes, en última instancia, se está limitando su derecho fundamental a la movilidad, sobre todo a aquellos que tienen los niveles de renta más bajos o que viven en territorios menos favorecidos. Parece que las administraciones titulares de las carreteras se olvidasen de que el dedicar fondos a la conservación de los firmes no es una mera opción presupuestaria, sino una obligación impuesta por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y, por encima de cualquier otra consideración, una obligación moral: se debe trabajar permanentemente por disminuir las diferencias territoriales e individuales, y lo que ha sido creado con el esfuerzo colectivo de las anteriores generaciones debe ser transmitido sin merma a las siguientes.

Esta obligación no admite subterfugios. No se pueden posponer las imprescindibles inversiones con el pretexto de que la situación será recuperable cuando lleguen tiempos mejores. Tampoco es admisible supeditar el esfuerzo requerido a la eventual implantación de técnicas de financiación que conllevan el riesgo de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, además del de aumentar la brecha entre los ciudadanos y entre los territorios. No parece justificable tampoco que por esa implantación se esté trabajando incluso desde el sector público, cuando la única responsabilidad de éste debería ser la defensa de los intereses generales […]”

Han pasado prácticamente tres años. La situación no es que siga igual, sino que ha empeorado hasta el punto de que los más cautos, que entonces preferían estar callados, ya no se recatan en denunciar un estado de los pavimentos  de las carreteras españolas que en algún caso alcanza niveles de escándalo. Desgraciadamente las cosas no cambiarán mientras no se reconozca que, entre los muchos factores involucrados en el problema, hay uno de primer orden: el factor ético.