martes, 10 de julio de 2012

Algunas reflexiones sobre la posible implantación de una tasa por uso de las carreteras

En los últimos años distintos sectores vienen presionando con insistencia creciente para que se implante en España una tasa por uso de las carreteras. Se pretende que así se podrán garantizar los fondos necesarios para la conservación y, además, se podrán acometer nuevos desarrollos viarios. El Gobierno no ha asumido aún esta propuesta, aunque probablemente el Ministerio de Fomento cuenta ya con su próxima implantación. Sus impulsores son fundamentalmente los grandes grupos constructores y concesionarios de nuestro país, en la medida en que se trata de algo que beneficiaría enormemente a sus intereses. Según declaraciones de la propia titular de Fomento, su Ministerio está dispuesto a apoyar esos intereses.

En cambio, no se conoce ningún estudio de ese departamento sobre cómo influiría esta medida en los intereses generales, desde el momento en que, además del obvio incremento de los costes de transporte de personas y de mercancías, puede afectar al derecho a la movilidad, aumentar la desigualdad entre ciudadanos y entre territorios, influir negativamente en la accidentalidad, desincentivar el turismo, etc. No se está explicando tampoco con claridad cómo se gestionaría el cobro de la tasa y su aplicación al fin supuestamente pretendido (sería muy importante que supiéramos qué se opina al respecto en el Ministerio de Hacienda) y, sobre todo, se está ocultando deliberadamente que lo que persiguen en última instancia los impulsores de la propuesta es que la gestión de la nueva situación se lleve a cabo mediante la concesión de las vías afectadas. Ése es el núcleo del negocio, y es legítimo que los que tienen expectativas de hacerse con él lo promuevan, y así lo están haciendo insistentemente y en muy diversos foros. Pero esa no debería ser la postura de la Administración, que parece que ni siquiera se plantea la posibilidad de gestionar directamente la tasa en caso de implantarse. Una vez más no se toma en consideración cómo se debería actuar para maximizar los beneficios de los ciudadanos o, en el peor de los casos, para minimizar los costes que tenemos que soportar entre todos, y todo el pensamiento oficial se reduce al mantra de que “quien use la infraestructura, que la pague”, olvidando que además de los usuarios hay otros beneficiarios, y que si ahora parece que no hay recursos para la correcta conservación de las carreteras no sólo se debe a los ajustes presupuestarios, sino sobre todo a una desastrosa gestión en la aplicación de los fondos disponibles, sean pocos o muchos.

Otra medida que se está proponiendo, relacionada con la anterior, pero técnicamente diferente, es la de convertir los llamados peajes en la sombra (quien paga la tarifa al concesionario no es el usuario, sino la propia Administración) en peajes directos. Además de la repercusión en los usuarios, lo que más llama la atención es que los mismos gurús que preconizaron en su momento aquel sistema, con indudables inconvenientes, como el endeudamiento a largo plazo, ahora teoricen sobre la bondad del cambio.

2 comentarios:

  1. Estimado profesor:
    Tiene lógica que quien ve una oportunidad de negocio trate de activarla si además concurre un abandono y consecuente deterioro del patrimonio viario.
    La buena conservación sin duda traería una utilización con más confort y seguridad. Hay vías que tienen serios deterioros tanto en el firme como en la señalización y balizamiento.
    La gestión de la tasa debería de repercutir directamente y al 100% en el fin propuesto: Una conservación del patrimonio viario que no nos lleve a costes más notables en el futuro.
    Que la gestión se lleve vía concesión o no, no lo veo muy trascendente. En caso de que se atendiese por obras determinadas pudiera llevar a una mayor complejidad en su desarrollo, mientras que si se hace con responsables ya predeterminados y unos ciertos cánones de calidad, sería un proceso más sencillo y ágil.
    La gestión directa de la administración es inviable, creo yo, requeriría de medios propios, algo que ya hace muchos años nuestro ministerio de Obras Públicas (hoy Fomento) abandonó.
    Que pague más el usuario que quien no usa la infraestructura es algo racional también. La infraestructura se construye con el dinero de todos – disponibilidad- y se debe de conservar con el dinero de los que más la usen.
    En cuanto al método a mi me parece que el mejor es una tasa por uso. Ni peaje en sombra, ni peaje directo. Hoy hay medios técnicos para implantar un sistema que detecte la utilización de las vías y sino el kilometraje de cada vehículo podría servir de referencia para el pago de un canon anual.
    No nos engañemos, es necesario. Hoy más que ayer.

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  2. Señor M. del Val

    Coincido con usted en la necesidad de estudios para tomar la decisión que más beneficie al conjunto de los ciudadanos, personalmente pienso (como ingeniero) que subvencionar el transporte es algo absolutamente irracional que nos conduce a conductas económicas absolutamente ineficientes, el transporte terrestre debe costearlo el usuario directo o indirecto y además compensar los costes que produce al resto de los ciudadanos, no pienso que exista derecho a la movilidad como tal.
    Respecto a la gestión pública o privada debo decir que es irrelevante pronunciarse, un gobierno corrupto, opaco, o sencillamente al servicio de unas elecciones jamás tendrá interés en gestionar de forma eficiente la infraestructura, el caso de la A601 en segovia es absolutamente demoledor, es imposible conocer por parte del ciudadano cualquier dato acerca de tráfico, costes o pagos por parte de la admon.
    Esperemos que las nuevas generaciones que han vivido las consecuencias de éstas corruptelas sean mucho mas exigentes en términos de transparencia, gestión y planificación, mientras tanto seguiremos atascados con una generación que sigue sin costear su nivel de vida (endeudando a generaciones futuras)
    y donde el futuro a medio plazo no tiene ninguna relevancia

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