viernes, 17 de febrero de 2012

Políticas públicas. Su aplicación a las carreteras.

El nuevo gobierno conservador de España parece incurrir en materia de infraestructuras de transportes en los mismos errores que el anterior. En vez de establecer una política conducente a la consecución de unos objetivos seriamente formulados empieza por anunciar unas inversiones cuantiosímas, cuya necesidad real se desconoce y que a todas luces resultan incompatibles con el primer objetivo gubernamental: la reducción drástica y en un corto plazo del déficit público. Para quien esto escribe la señora ministra no parece saber de lo que habla y demuestra estar tan mal asesorada como el anterior ministro socialista, cuyo fracaso fue indiscutiblemente mayúsculo; mucho más cuando a la objeción evidente sobre cómo poder obtener los fondos necesarios se recurre al mantra de la financiación público-privada. Pero vayamos por parte.

No es posible una acción de gobierno coherente si no se establece una política dirigida a la resolución de los problemas existentes en materia de movilidad y de accesibilidad. No es admisible otro objetivo; la política de infraestructuras de transporte no puede tener como objetivo alimentar el negocio de la construcción, que ha sido el único objetivo real en España en los últimos quince años.

Establecidos los objetivos habrá que analizar cómo se alcanzan, y con total seguridad serán necesarias inversiones. Pero éstas no pueden ser un fin en sí mismas, sino una herramienta.

Las inversiones en todo caso habrá que compatibilizarlas con la política presupuestaria. Es cierto que a corto plazo será posible una mayor disponibilidad de fondos si se contempla la financiación privada, pero no debe olvidarse que esa financiación privada supone, de una u otra manera, un incremento de la deuda pública. Cualquier fórmula de financiación es en principio válida si es la manera de conseguir los objetivos fijados en el plazo que se haya considerado adecuado. Pero no son aceptables fórmulas que lo único que garantizan es una elevadísima rentabilidad a los financiadores privados, resultando para los ciudadanos muchísimo más onerosas (y sin ninguna ventaja) que las fórmulas tradicionales, con el agravante (y eso es lo que ha ocurrido en España en los últimos años) de que el riesgo real para el supuesto financiador privado es prácticamente nulo. No debemos olvidarnos en última instancia de que las infraestructuras de transporte las pagamos exclusivamente los ciudadanos, y que es ciertamente inmoral que mientras las ganancias se privatizan las pérdidas se socialicen.

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