martes, 10 de julio de 2012

Algunas reflexiones sobre la posible implantación de una tasa por uso de las carreteras

En los últimos años distintos sectores vienen presionando con insistencia creciente para que se implante en España una tasa por uso de las carreteras. Se pretende que así se podrán garantizar los fondos necesarios para la conservación y, además, se podrán acometer nuevos desarrollos viarios. El Gobierno no ha asumido aún esta propuesta, aunque probablemente el Ministerio de Fomento cuenta ya con su próxima implantación. Sus impulsores son fundamentalmente los grandes grupos constructores y concesionarios de nuestro país, en la medida en que se trata de algo que beneficiaría enormemente a sus intereses. Según declaraciones de la propia titular de Fomento, su Ministerio está dispuesto a apoyar esos intereses.

En cambio, no se conoce ningún estudio de ese departamento sobre cómo influiría esta medida en los intereses generales, desde el momento en que, además del obvio incremento de los costes de transporte de personas y de mercancías, puede afectar al derecho a la movilidad, aumentar la desigualdad entre ciudadanos y entre territorios, influir negativamente en la accidentalidad, desincentivar el turismo, etc. No se está explicando tampoco con claridad cómo se gestionaría el cobro de la tasa y su aplicación al fin supuestamente pretendido (sería muy importante que supiéramos qué se opina al respecto en el Ministerio de Hacienda) y, sobre todo, se está ocultando deliberadamente que lo que persiguen en última instancia los impulsores de la propuesta es que la gestión de la nueva situación se lleve a cabo mediante la concesión de las vías afectadas. Ése es el núcleo del negocio, y es legítimo que los que tienen expectativas de hacerse con él lo promuevan, y así lo están haciendo insistentemente y en muy diversos foros. Pero esa no debería ser la postura de la Administración, que parece que ni siquiera se plantea la posibilidad de gestionar directamente la tasa en caso de implantarse. Una vez más no se toma en consideración cómo se debería actuar para maximizar los beneficios de los ciudadanos o, en el peor de los casos, para minimizar los costes que tenemos que soportar entre todos, y todo el pensamiento oficial se reduce al mantra de que “quien use la infraestructura, que la pague”, olvidando que además de los usuarios hay otros beneficiarios, y que si ahora parece que no hay recursos para la correcta conservación de las carreteras no sólo se debe a los ajustes presupuestarios, sino sobre todo a una desastrosa gestión en la aplicación de los fondos disponibles, sean pocos o muchos.

Otra medida que se está proponiendo, relacionada con la anterior, pero técnicamente diferente, es la de convertir los llamados peajes en la sombra (quien paga la tarifa al concesionario no es el usuario, sino la propia Administración) en peajes directos. Además de la repercusión en los usuarios, lo que más llama la atención es que los mismos gurús que preconizaron en su momento aquel sistema, con indudables inconvenientes, como el endeudamiento a largo plazo, ahora teoricen sobre la bondad del cambio.

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